El 10 de diciembre pasado la abogada estadounidense Nancy Hollander,
letrada actual de la soldado Chelsea Manning, y la periodista
independiente Alexa O´Brien que cubrió su juicio, participaron en un
coloquio en los locales de la Asociación de Prensa de Madrid, para
presentar a la opinión pública el caso de la soldado. El acto fue
organizado por Amnistía Internacional para conmemorar el Día
Internacional de los Derechos Humanos y el trigésimo aniversario de la
Convención Contra la Tortura.
Chelsea, antes llamada Bradley, fue juzgada en los EEUU según la Ley anti espías, promulgada durante la Primera Guerra Mundial, y condenada a 35 años de prisión por filtrar material clasificado a WikiLeaks. La ley, de aplicación a cualquier persona militar o civil que pase información al enemigo que pueda ser utilizada militarmente contra los EEUU, pone en manos de los tribunales militares la persecución de los delitos de espionaje.
Manning estuvo destinada en Irak, como analista de inteligencia, en unas instalaciones a las afueras de Bagdad. Su delito fue enviar a WikiLeaks, para su publicación y conocimiento de la opinión publica, decenas de miles de documentos que hacían ver con toda claridad la clase de guerra que los EEUU llevaban a cabo en Irak y Afganistán.
Son informes desde el campo de batalla escritos por oficiales y soldados de EEUU. Se documentan ataques aéreos sobre hogares de civiles, ataques desde controles de carreteras a civiles que viajaban en motocicletas, automóviles o autobuses. Se levanta el velo sobre las operaciones de la Task Force 373, una unidad secreta compuesta por tropas de operaciones especiales encargadas de cazar y matar supuestos líderes de los Talibanes y Al Qaeda. La unidad trabajaba sobre una lista de al menos 2000 individuos sentenciados a muerte por el Pentágono y la CIA, sin cargos y sin pruebas de ningún crimen. En el curso de sus ataques han muerto numerosos inocentes, muchos de ellos mujeres y niños. En Afganistán se ha generalizado el uso de drones que atacaban a sus víctimas desde 50.000 pies de altura matando a civiles indefensos sin aviso alguno.
Además, información elaborada por la inteligencia norteamericana, no necesariamente veraz y rigurosa, se entregaba a la policía afgana o iraquí, a sabiendas de que esta detendría, torturaría o haría desaparecer a personas, probablemente inocentes de cualquier delito. Los documentos, escritos por personal militar norteamericano poco propenso a informar sobre sus propias acciones irregulares, muestran los horrores indiscriminados de una guerra criminal contra los pueblos afgano e iraquí.
Las cifras de muertos en las guerras de Irak y Afganistán no se conocen con exactitud y varían mucho según la fuente consultada, especialmente en Irak. Los números aproximados pueden alcanzar las siguientes cifras:
En Afganistan, número de muertos: militares extranjeros 3484, de ellos 2356 de EEUU; militares afganos 13.729; población civil aproximadamente 20.000.
En Irak, el número total de muertos puede haber alcanzado los 1.200.000, aunque algunas fuentes ofrecen un número límite mínimo de 109.000. Los muertos de la coalición han sido unos 4200 soldados (este número se conoce con exactitud).
La soldado Manning sintió horror ante los crímenes que se estaban cometiendo, y necesidad psicológica y moral de darlos a conocer a la opinión pública, como única forma posible de evitar su repetición. Declaró que lo había hecho “para abrir un debate en la sociedad sobre el papel del Ejército, la guerra y la política exterior de su país”. No pasó información alguna al enemigo.
Durante los meses de espera de juicio fue torturada en su lugar de detención por sus compañeros militares, que entre otras acciones llegaron a mantenerla desnuda y cuadrada militarmente delate de sus interrogadores. El propio tribunal militar que la juzgó reconoció estas torturas rebajándole la pena.
Nadie ha juzgado ni iniciado acción legal alguna contra los militares o políticos responsables de la guerra sucia, y de las torturas a Chelsea. La abogada Sra. Hollander, ha recurrido la sentencia pidiendo que sea declarada nula alegando:
Que la Ley de Espionaje bajo la que se juzgó a Manning es contraria a la Constitución de los Estados Unidos.
Que no sé permitió que Chelsea se defendiera en el juicio, ni que presentara a todos sus testigos, ni que explicara las razones de interés público que la llevaron a su acción. El tribunal indicó que esto no era relevante.
Que Manning fue torturada durante la prisión preventiva anterior al juicio. El Relator Especial de las Naciones Unidas contra la tortura quiso testificar en su juicio para denunciar el trato cruel y degradante a la que fue sometida, pero la juez no se lo permitió.
Le aplicaron una condena exagerada, añadiendo intención de ayudar al enemigo en su imputación, algo que no pudieron demostrar.
La Sra. Hollander ha declarado a RTVE que las filtraciones no han ocasionado ningún perjuicio ni al gobierno de los EEUU, ni a ningún individuo.
Chelsea reveló violaciones de derechos humanos que se habían cometido y que el gobierno trataba de mantener en secreto.
La Unión de Libertades Civiles de los EEUU ha manifestado “Cuando un soldado que compartió información con la prensa y la gente es castigado mucho más duramente que otros que torturaron a prisioneros y mataron a civiles, hay algo que está verdaderamente mal en nuestro sistema de justicia”.
Chelsea, antes llamada Bradley, fue juzgada en los EEUU según la Ley anti espías, promulgada durante la Primera Guerra Mundial, y condenada a 35 años de prisión por filtrar material clasificado a WikiLeaks. La ley, de aplicación a cualquier persona militar o civil que pase información al enemigo que pueda ser utilizada militarmente contra los EEUU, pone en manos de los tribunales militares la persecución de los delitos de espionaje.
Manning estuvo destinada en Irak, como analista de inteligencia, en unas instalaciones a las afueras de Bagdad. Su delito fue enviar a WikiLeaks, para su publicación y conocimiento de la opinión publica, decenas de miles de documentos que hacían ver con toda claridad la clase de guerra que los EEUU llevaban a cabo en Irak y Afganistán.
Son informes desde el campo de batalla escritos por oficiales y soldados de EEUU. Se documentan ataques aéreos sobre hogares de civiles, ataques desde controles de carreteras a civiles que viajaban en motocicletas, automóviles o autobuses. Se levanta el velo sobre las operaciones de la Task Force 373, una unidad secreta compuesta por tropas de operaciones especiales encargadas de cazar y matar supuestos líderes de los Talibanes y Al Qaeda. La unidad trabajaba sobre una lista de al menos 2000 individuos sentenciados a muerte por el Pentágono y la CIA, sin cargos y sin pruebas de ningún crimen. En el curso de sus ataques han muerto numerosos inocentes, muchos de ellos mujeres y niños. En Afganistán se ha generalizado el uso de drones que atacaban a sus víctimas desde 50.000 pies de altura matando a civiles indefensos sin aviso alguno.
Además, información elaborada por la inteligencia norteamericana, no necesariamente veraz y rigurosa, se entregaba a la policía afgana o iraquí, a sabiendas de que esta detendría, torturaría o haría desaparecer a personas, probablemente inocentes de cualquier delito. Los documentos, escritos por personal militar norteamericano poco propenso a informar sobre sus propias acciones irregulares, muestran los horrores indiscriminados de una guerra criminal contra los pueblos afgano e iraquí.
Las cifras de muertos en las guerras de Irak y Afganistán no se conocen con exactitud y varían mucho según la fuente consultada, especialmente en Irak. Los números aproximados pueden alcanzar las siguientes cifras:
En Afganistan, número de muertos: militares extranjeros 3484, de ellos 2356 de EEUU; militares afganos 13.729; población civil aproximadamente 20.000.
En Irak, el número total de muertos puede haber alcanzado los 1.200.000, aunque algunas fuentes ofrecen un número límite mínimo de 109.000. Los muertos de la coalición han sido unos 4200 soldados (este número se conoce con exactitud).
La soldado Manning sintió horror ante los crímenes que se estaban cometiendo, y necesidad psicológica y moral de darlos a conocer a la opinión pública, como única forma posible de evitar su repetición. Declaró que lo había hecho “para abrir un debate en la sociedad sobre el papel del Ejército, la guerra y la política exterior de su país”. No pasó información alguna al enemigo.
Durante los meses de espera de juicio fue torturada en su lugar de detención por sus compañeros militares, que entre otras acciones llegaron a mantenerla desnuda y cuadrada militarmente delate de sus interrogadores. El propio tribunal militar que la juzgó reconoció estas torturas rebajándole la pena.
Nadie ha juzgado ni iniciado acción legal alguna contra los militares o políticos responsables de la guerra sucia, y de las torturas a Chelsea. La abogada Sra. Hollander, ha recurrido la sentencia pidiendo que sea declarada nula alegando:
Que la Ley de Espionaje bajo la que se juzgó a Manning es contraria a la Constitución de los Estados Unidos.
Que no sé permitió que Chelsea se defendiera en el juicio, ni que presentara a todos sus testigos, ni que explicara las razones de interés público que la llevaron a su acción. El tribunal indicó que esto no era relevante.
Que Manning fue torturada durante la prisión preventiva anterior al juicio. El Relator Especial de las Naciones Unidas contra la tortura quiso testificar en su juicio para denunciar el trato cruel y degradante a la que fue sometida, pero la juez no se lo permitió.
Le aplicaron una condena exagerada, añadiendo intención de ayudar al enemigo en su imputación, algo que no pudieron demostrar.
La Sra. Hollander ha declarado a RTVE que las filtraciones no han ocasionado ningún perjuicio ni al gobierno de los EEUU, ni a ningún individuo.
Chelsea reveló violaciones de derechos humanos que se habían cometido y que el gobierno trataba de mantener en secreto.
La Unión de Libertades Civiles de los EEUU ha manifestado “Cuando un soldado que compartió información con la prensa y la gente es castigado mucho más duramente que otros que torturaron a prisioneros y mataron a civiles, hay algo que está verdaderamente mal en nuestro sistema de justicia”.
“Chelsea está cumpliendo 35 años de prisión militar pero ni
una sola persona de las que cometieron esas violaciones ha sido
procesada y las víctimas no han recibido compensación alguna”.
El problema de la soldado Manning nos afecta a todos los que perseguimos un mundo pacífico, justo y libre de torturas. Ella no tuvo cauces legales para denunciar lo que estaba ocurriendo en las guerras de Irak y Afganistán. Todos debemos saber que la soldado Manning arriesgó su vida para dar a conocer a la opinión pública los crímenes impunes de estas guerras.
Las Sras. Nancy Hollander y Alexa O´Brien aseguraron en el coloquio que, de acuerdo con las leyes de los EEUU, cualquier persona en el mundo, sin importar su condición, puede ser secuestrada en su propio país, conducida a los EEUU, y acusada y condenada por actividades en contra de los EEUU. La Base de Guantánamo es testigo muda de esta realidad.
Se ha creado un mundo en el que algunos estados, EEUU a la cabeza, tratan de imponer sus intereses imperialistas a los demás, usando la guerra como medio ilegal de conseguir sus fines “geopolíticos”. Las grandes corporaciones se frotan las manos, mientras centenares de miles de personas, a menudo pobres, mueren violentamente en cualquier lugar del globo.
Y para evitar que todo esto se sepa, se elimina en la práctica a los medios informativos independientes, y se tiende un manto de secreto militar o de secreto de estado, bajo el cual la sangre se derrama a chorros. Las personas con sensibilidad para horrorizarse y valor para denunciarlo “ilegalmente”, son borradas del mapa.
España ha participado en estas dos guerras de forma mínima, casi testimonial. A pesar de lo cual ha dejado 100 militares muertos en Afganistán y 11 en Irak.
No podemos olvidar al periodista José Couso asesinado en Irak por las fuerzas norteamericanas. Su muerte no ha sido aclarada por los EEUU, los responsables no han sido juzgados, y el gobierno español ha sido incapaz, o no ha querido exigir justicia.
De cara a nuestro país, y en relación con el nuevo Código de Justicia Militar, en tramitación en el Congreso, esta ley contempla como delito militar, y en consecuencia susceptible de ser juzgado por tribunales militares, el espionaje. El concepto de espionaje, al igual que han hecho en EEUU, puede ser estirado hasta el ridículo, en manos de una justicia militar dedicada a dar satisfacción al mando, en lugar de impartir verdadera justicia. De esta forma, imitando a las Fuerzas Armadas de EEUU, nos podemos deslizar por el peligroso sendero de la ignominia.
He escrito este artículo por tres motivos principales: uno de ellos para, como dijo Chelsea Manning, “abrir un debate en la sociedad sobre el papel del Ejército, la guerra y la política exterior de su país”, y del nuestro; el segundo, para colaborar modestamente a mantener viva la reclamación de justicia de la familia del cámara José Couto; y el tercero para pedir a nuestro gobierno, de acuerdo con los deseos de la abogada Nancy Hollander y de la periodista Alexa O´Brien que presione al norteamericano para que indulte a la soldado Manning.
El problema de la soldado Manning nos afecta a todos los que perseguimos un mundo pacífico, justo y libre de torturas. Ella no tuvo cauces legales para denunciar lo que estaba ocurriendo en las guerras de Irak y Afganistán. Todos debemos saber que la soldado Manning arriesgó su vida para dar a conocer a la opinión pública los crímenes impunes de estas guerras.
Las Sras. Nancy Hollander y Alexa O´Brien aseguraron en el coloquio que, de acuerdo con las leyes de los EEUU, cualquier persona en el mundo, sin importar su condición, puede ser secuestrada en su propio país, conducida a los EEUU, y acusada y condenada por actividades en contra de los EEUU. La Base de Guantánamo es testigo muda de esta realidad.
Se ha creado un mundo en el que algunos estados, EEUU a la cabeza, tratan de imponer sus intereses imperialistas a los demás, usando la guerra como medio ilegal de conseguir sus fines “geopolíticos”. Las grandes corporaciones se frotan las manos, mientras centenares de miles de personas, a menudo pobres, mueren violentamente en cualquier lugar del globo.
Y para evitar que todo esto se sepa, se elimina en la práctica a los medios informativos independientes, y se tiende un manto de secreto militar o de secreto de estado, bajo el cual la sangre se derrama a chorros. Las personas con sensibilidad para horrorizarse y valor para denunciarlo “ilegalmente”, son borradas del mapa.
España ha participado en estas dos guerras de forma mínima, casi testimonial. A pesar de lo cual ha dejado 100 militares muertos en Afganistán y 11 en Irak.
No podemos olvidar al periodista José Couso asesinado en Irak por las fuerzas norteamericanas. Su muerte no ha sido aclarada por los EEUU, los responsables no han sido juzgados, y el gobierno español ha sido incapaz, o no ha querido exigir justicia.
De cara a nuestro país, y en relación con el nuevo Código de Justicia Militar, en tramitación en el Congreso, esta ley contempla como delito militar, y en consecuencia susceptible de ser juzgado por tribunales militares, el espionaje. El concepto de espionaje, al igual que han hecho en EEUU, puede ser estirado hasta el ridículo, en manos de una justicia militar dedicada a dar satisfacción al mando, en lugar de impartir verdadera justicia. De esta forma, imitando a las Fuerzas Armadas de EEUU, nos podemos deslizar por el peligroso sendero de la ignominia.
He escrito este artículo por tres motivos principales: uno de ellos para, como dijo Chelsea Manning, “abrir un debate en la sociedad sobre el papel del Ejército, la guerra y la política exterior de su país”, y del nuestro; el segundo, para colaborar modestamente a mantener viva la reclamación de justicia de la familia del cámara José Couto; y el tercero para pedir a nuestro gobierno, de acuerdo con los deseos de la abogada Nancy Hollander y de la periodista Alexa O´Brien que presione al norteamericano para que indulte a la soldado Manning.
A la soldado Chelsea Manning, por su nobleza y valor.
Los listados de los civiles muertos según estos
informes nunca fueron hechos públicos, y muchos de ellos fueron
calificados como insurgentes. El carácter asesino de la guerra y las
mentiras sistemáticas del mando militar se hicieron evidentes con el
informe de una de las peores masacres de la guerra de Afganistán. Fue un
ataque de misiles sobre civiles en la provincia de Helmand en julio del
2010, en el cual fueron asesinadas 52 personas incluyendo familias
enteras, la mayor parte mujeres y niños.
Varias agencias de noticias
fotografiaron los cadáveres y entrevistaron a los residentes del área,
que habían enterrado a sus víctimas o las habían llevado al hospital
local. Mientras tanto las autoridades de las fuerzas de ocupación
dijeron que no había evidencia de daños a civiles
Por Arturo María Roríguez, tomado de http://www.rebelion.org/noticia.php?id=193472, el 24 de diciembre de 2014.
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